En la provincia de Pichincha para el año 2001 la población en edad de estar inserta en el sistema educativo, es decir mayor de cinco años y menor de 19 años, era superior a las 750 mil personas, sin embargo, según las estadísticas educativas de ese mismo año, tan solo 601 mil estaban en el sistema tanto en el sector público, como en el privado, municipal y fiscomisional. Una diferencia de alrededor ciento cincuenta mil.

Vale decir, el déficit educativo que se arrastra es de esa magnitud. Al 2010, según la estadística oficial en Pichincha, incluyendo la nueva provincia de los Tzáchilas se incrementó a 740 mil estudiantes. Apenas estamos superando el déficit al año 2001, sin embargo, más de ochenta mil estudiantes asisten a instituciones particulares, confirmando la denuncia de los maestros que la educación se ha privatizado, no porque los colegios o escuelas han dejado de ser públicas, sino porque se abrió la posibilidad de que la educación pase de ser un derecho a ser un servicio del cual los propietarios pueden usufructuar.

La desvinculación del Ministerio de Educación con la problemática educativa se evidencia también en la relación que tiene con los docentes. Desde el año 2006, más de nueve mil docentes a nivel nacional, de ellos en torno al 25% en Pichincha, se han jubilado, pero sus partidas no se han repuesto ni desdoblado, término con el que se grafica el hecho de que con el salario de un docente de categorías altas se puede contratar al menos dos docentes que ingresan al magisterio. Con esta acción se perjudica a los estudiantes pues su profesor jubilado no tiene un nuevo docente que lo reemplace. En el mejor de los casos el reemplazante es un profesor de otra especialidad, o el inspector que pretende que le entreguen la cátedra.

El Ministerio de Educación ha contratado 44 mil profesores con contratos por un año, como mecanismo para no prolongar una relación laboral que no le interesa, pero evidentemente afectando los derechos de los docentes que tienen derecho a su estabilidad, también afectando a los estudiantes que no tienen la debida continuidad año a año con sus docentes, factor primordial en la educación. Violando las disposiciones legales que disponen expresos procedimientos para enrolar a los docentes en el sistema educativo. Los docentes contratados son víctimas de la manipulación política del gobierno que los utiliza para concretar su política en la educación y debilitar al gremio.

El lado académico también está en problemas. Las sucesivas reformas no logran encontrar asidero pues tienen como fin principal convertir al estudiante en eficiente conductor de la maquinaria, pero obstruyendo su desarrollo integral. Las propuestas de educación técnica tienen esa deficiencia que se magnifica cuando el estudiante sale a la vida laboral y no encuentra trabajo por que la empresa privada, la llamada a brindarlo, no tiene capacidad para absorber la mano de obra. Para ellos el Estado propone que se conviertan en microempresarios, multiplicando los problemas en vez de solucionarlos.

Con este telón de fondo de la crítica situación de la educación, los docentes se aprestan a realizar movilizaciones en cada capital de provincia con el fin de exigir al gobierno que se siente a la mesa de diálogo para enfrentar la problemática descrita a la que se une la cada vez mas difícil situación económica de los docentes, que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas por lo cual se añade el punto del alza salarial, que además, el propio mandatario reconoció la importancia de un adecuado salario docente, lo cual fue recogido en los acuerdos del último paro del magisterio.

Como se puede confirmar, la situación de la educación en la Provincia de Pichincha es crítica, lo que ocurre en el resto del país es aun más doloroso.

La revolución ciudadana más allá de los enfrentamientos con el magisterio y un mejoramiento presupuestario no ha traído cambios profundos a la educación ecuatoriana.